Conflicto por límites territoriales no está finiquitado, señalan empresarios.

*Empresariado de Ensenada exige al Congreso frenar exhorto territorial: Julio Salinas López*
CCEE afirmó que el conflicto entre Ensenada, Rosarito y Tijuana sigue vigente y pidió atender las controversias pendientes

Ensenada, Baja California
Noviembre 20 del 2025

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Julio Salinas López, informó que integrantes del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT) presentaron ante el Congreso del Estado un escrito en el que rechazan el exhorto dirigido a los ayuntamientos de Ensenada y Playas de Rosarito para transferir una porción del territorio en disputa.

Salinas explicó que el documento entregado en Mexicali expone que el exhorto parte de afirmaciones incorrectas, por lo que resulta improcedente. Señaló que, de acuerdo con lo presentado, no está resuelto el conflicto territorial originado en 1995 con la creación del municipio de Playas de Rosarito.

Indicó que los firmantes puntualizaron que el diferendo también involucra al municipio de Tijuana y que la delimitación aprobada entonces excedió en 168 kilómetros cuadrados la superficie territorial de Tijuana conforme a lo establecido en la legislación vigente en 1989.

El dirigente empresarial detalló que el escrito afirma que tampoco han concluido las controversias legales iniciadas por los ayuntamientos involucrados desde 2011 y 2014, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido, en junio de 2019, el decreto emitido por el Congreso el 27 de septiembre de 2016.

Subrayó que, según los argumentos presentados, la sentencia de la Corte mantuvo el conflicto sin resolución y obligó al Congreso a atender las controversias territoriales pendientes, proceso que —señalan— no se cumplió al aprobarse el Estatuto Territorial en noviembre de 2019.

Salinas indicó que el GIT sostiene que el Estatuto Territorial no resolvió el litigio porque no observó los procedimientos exigidos por las garantías de audiencia y legalidad contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Añadió que el documento afirma que el Congreso no analizó pruebas ni escuchó a las partes antes de aprobarlo.

El representante empresarial informó que el escrito también solicita que se proponga un punto de acuerdo para que el Congreso retome y resuelva las controversias territoriales interpuestas por Ensenada en 2011 y por Playas de Rosarito en 2014, actualmente en condición de sub judice.

Finalmente, indicó que copia del documento fue entregada a la presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón, para conocimiento de las autoridades locales.

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